CONDENA PRD AGRESIONES CONTRA SENADORES QUE VISITARON A PABLO SALAZAR EN PENAL EL AMATE EN CHIAPAS



El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República solicitó que esta cámara legislativa exprese una condena enérgica por las agresiones de que fueron objeto el día de ayer los legisladores Carlos Sotelo García, Leonel Godoy Rangel, Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea, cuando acudieron al Centro de Reinserción Social El Amate, en Cintalapa, Chiapas, donde visitaron al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía.


El senador José Luis Máximo García Zalvidea, a nombre de la bancada del PRD, presentó un punto de acuerdo para que el Senado condene los hechos y exhorte al gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, para que ordene una investigación inmediata sobre estos hechos e inicie los procedimientos necesarios para sancionar a los responsables.

No obstante que este punto de acuerdo fue retirado, por acuerdo de la Mesa Directiva y a petición del senador García Zalvidea, el vicepresidente Silvano Aureoles Conejo, a nombre del Senado de la República, expresó un “enérgico rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad física de las ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores de la República, asimismo expresó que la Mesa Directiva “estará atenta al desarrollo de las investigaciones correspondientes relacionadas con este hecho lamentable”.

El día de ayer, los senadores Carlos Sotelo García, vicecoordinador parlamentario; Leonel Godoy Rangel, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez López acudieron al penal El Amate, en Chiapas, donde se encuentra recluido el ex gobernador de la entidad, Pablo Salazar, con el objetivo de verificar las condiciones en que se encuentra y dialogar sobre su proceso judicial.

García Zalvidea señaló que la visita de la comisión de senadores y de dos visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Pablo Salazar fue autorizada por las autoridades penitenciarias del estado de Chipas; sin embargo, “al llegar al centro de reclusión, ante la pasividad de los elementos de seguridad, de manera violenta, una turba (de manifestantes) trato de impedir el acceso” de la comitiva al penal.

“El vehículo en que se trasladaba la delegación de senadores fue rodeado y mantenido retenido durante más de una hora por las agresiones de la multitud, que incluso trataron de volcarlo (…) Los agresores no procedieron de manera espontánea, estaban perfectamente dirigidos por instigadores profesionales, que actuaron a ciencia y paciencia de las fuerzas de seguridad de pública del estado de Chiapas”, indicó.

García Zalvidea dijo que ante la gravedad de la situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Secretaría de Seguridad Pública federal y al gobernador de Chiapas, medidas cautelares para el grupo de senadores de la República y solicitaron que se designara personal para salvaguardar la integridad y protección de los legisladores durante su presencia en la entidad.

Indicó que entre los provocadores, fue posible identificar a Florencio Madariaga de la Cruz, actual funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado Chiapas, adscrito al Fiscal de Asuntos Relevantes, Adulfo Chacón, encargado de integrar diversas denuncias en contra de Pabla Salazar. Asimismo, a Andrés Álvarez Rodríguez, líder de la denominada Unión de Comunidades Productivas La Casita, de reconocida cercanía política al actual gobernador.

Señaló que esta visita a Pablo Salazar Mendiguchía fue en cumplimiento de sus funciones, en respuesta a un acuerdo del Grupo Parlamentario del PRD, por lo que las agresiones “no sólo pueden considerarse en contra de sus personas, sino en contra de la investidura de integrantes de un Poder de la Unión”.

“No queremos pronunciarnos sobre la culpabilidad o inocencia en relación a los delitos que se le imputan al señor Salazar, ésa es tarea de los jueces, tampoco haremos en relación a que el señor Salazar sea o no un preso político (…) Por otro lado, queremos denunciar las condiciones terribles al interior del Centro de Reclusión de El Amate, hay una recomendación de la CNDH al respecto, en temas de salud y alimentación”, expresó. 

El legislador perredista también denunció la irresponsabilidad de las autoridades carcelarias, pues “fabricar un amotinamiento en la población de internos es una atrocidad.

En un escenario de 80 custodios, que cubre el total de los dos turnos de trabajo, 40 por turno y con una población de 2 mil 400 internos, eso significa, 300 internos por casa custodio. No queremos ni imaginar la tragedia que se pudo orquestar al interior de la cárcel. Afortunadamente estamos aquí entre ustedes para presentar este punto de acuerdo”, concluyó.